La pobreza no puede ser considerada una fatalidad inevitable; es, ante todo, una responsabilidad moral que interpela a la conciencia de las personas y de los pueblos.
Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis (1987, n. 36)
Hablar de pobreza en el mundo contemporáneo exige abandonar toda comprensión reductiva y asumirla como un fenómeno estructural y plural, cuya inteligibilidad requiere un enfoque ético y analítico integrado. El objetivo central de este artículo es precisamente proponer una comprensión de la pobreza en clave plural, superando su identificación exclusiva con la carencia económica, y formular una orientación normativa basada en la ética de la dignidad y la responsabilidad social. En esta línea, cuando León XIV afirma en Dilexi te que la pobreza se manifiesta hoy en diversos modos, introduce una clave hermenéutica decisiva al señalar que no se trata de un estado homogéneo ni de una identidad esencial del sujeto, sino de una condición de vulnerabilidad múltiple que interpela a la conciencia moral y a las estructuras sociales (León XIV, 2024).
Esta intuición ética encuentra un punto de articulación teórica fecundo en el enfoque de los capitales desarrollado por Pierre Bourdieu, para quien las desigualdades sociales se explican por déficits estructurales de capital económico, social, cultural y simbólico, que sitúan a las personas en posiciones de desventaja dentro del espacio social (Bourdieu, 2001). La conexión entre ambos enfoques permite comprender la pobreza como una realidad histórica, relacional y transformable, que atraviesa dimensiones económicas, sociales, políticas, simbólicas, culturales, digitales, biológicas, espirituales, temporales, morales, afectivas, comunicacionales y ambientales. Desde esta perspectiva, resulta éticamente más adecuado hablar de personas en situación de pobreza o empobrecidas, subrayando que la pobreza no constituye una categoría ontológica del sujeto, sino una condición producida y reproducida por estructuras sociales que pueden —y deben— ser transformadas mediante acciones políticas y éticas fundadas en el reconocimiento de la dignidad humana.
El marco teórico de Pierre Bourdieu ofrece una base estructural indispensable para comprender la pobreza más allá de su dimensión económica, al mostrar que las desigualdades sociales se producen por distribuciones asimétricas de distintos tipos de capital dentro del espacio social. En este sentido, su distinción entre capital económico, social, cultural y simbólico permite identificar formas estructurales de empobrecimiento asociadas a la carencia de recursos materiales, de redes de apoyo, de competencias culturalmente valoradas y de reconocimiento social (Bourdieu, 2001). No obstante, los tipos de pobreza que se desarrollan en este artículo no coinciden plenamente ni se reducen mecánicamente a la tipología de capitales bourdieusiana. Más bien, esta constituye un punto de partida analítico, que se amplía a partir de una reflexión ética y socioeconómica orientada a captar vulnerabilidades contemporáneas que exceden el campo estrictamente estructural. Así, junto a pobrezas directamente vinculadas a déficits de capital —como la pobreza económica, social, cultural o simbólica—, se proponen otras formas de pobreza de carácter biológico, alimentario, emocional, afectivo, temporal, espiritual, moral, ambiental, digital y comunicacional, que remiten a limitaciones reales en las capacidades humanas, el bienestar integral y el ejercicio efectivo de la dignidad. Estas dimensiones no pretenden atribuirse de manera directa a Bourdieu, sino que se construyen como extensiones conceptuales normativas, necesarias para dar cuenta de modos de empobrecimiento que hoy se manifiestan en la vida cotidiana y que no pueden ser explicados exclusivamente desde la lógica de los capitales, aunque sí dialogan críticamente con ella.
Una primera expresión es la pobreza simbólica, entendida como la carencia estructural de reconocimiento social, jurídico e institucional que impide a determinadas personas y colectivos ser percibidos y tratados como sujetos plenos de dignidad y derechos. Esta forma de pobreza se manifiesta en prácticas como el machismo, el racismo, la xenofobia y otras violencias simbólicas que operan mediante la deslegitimación, la invisibilización o la estigmatización de ciertos cuerpos y trayectorias de vida. Personas sin documentación, sin estatus legal claro, discriminadas o sin acceso efectivo a mecanismos de protección jurídica experimentan una modalidad profunda de empobrecimiento que limita de manera radical su capacidad de ejercer derechos básicos y participar en igualdad de condiciones en la vida social. Tal como muestra Bourdieu, esta carencia simbólica produce exclusión antes incluso de que se manifieste la pobreza económica, y suele condicionarla de manera persistente, afectando de forma diferenciada a cuerpos feminizados, racializados y socialmente descartados (Bourdieu, 2000). Frente a esta realidad, las alternativas de acción incluyen políticas de regularización, defensorías públicas, patrocinio legal gratuito y procesos de alfabetización jurídica comunitaria. No obstante, estas medidas resultan frecuentemente insuficientes si no se acompañan de una transformación cultural profunda que asuma la igualdad y la no discriminación como imperativos morales indispensables para la construcción de una sociedad justa y libre de pobrezas estructurales.
Esta forma de pobreza se manifiesta en prácticas como el machismo, el racismo, la xenofobia y otras violencias simbólicas que operan mediante la deslegitimación, la invisibilización o la estigmatización de ciertos cuerpos y trayectorias de vida. Personas sin documentación, sin estatus legal claro, discriminadas o sin acceso efectivo a mecanismos de protección jurídica experimentan una modalidad profunda de empobrecimiento que limita de manera radical su capacidad de ejercer derechos básicos y participar en igualdad de condiciones en la vida social.
Por otra parte, la pobreza social puede definirse como la carencia estructural de capital relacional, de pertenencia efectiva a redes sociales e institucionales, y de acceso a estructuras que protejan derechos y generen oportunidades, más allá de la mera insuficiencia económica. Esta forma de pobreza incluye, de manera central, la debilidad o ausencia de vínculos sociales significativos y la imposibilidad de insertarse en marcos colectivos que permitan ejercer ciudadanía en condiciones de igualdad. En este punto resulta clave incorporar dos dimensiones fundamentales: el acceso efectivo a la justicia y la seguridad jurídica. Sociedades con sistemas judiciales frágiles, lentos o capturados por intereses particulares producen pobreza social estructural, incluso en contextos de crecimiento económico, al impedir que amplios sectores de la población hagan valer derechos básicos como el acceso a una vivienda digna, un trabajo decente o la protección frente al abuso y la arbitrariedad. Esta imposibilidad de ejercer derechos constituye una forma directa de empobrecimiento social y político, erosionando simultáneamente el bien común y la confianza en las instituciones (Habermas, 1987; Acemoglu & Robinson, 2012). Frente a este escenario, el fortalecimiento institucional, la independencia judicial, una justicia accesible y eficiente, así como políticas de protección social y empleo con derechos, deben ocupar un lugar prioritario.
Del mismo modo, los derechos de participación y una representación política justa resultan indispensables para la construcción de una ciudadanía activa que deje de ocupar un rol pasivo dentro del sistema. Las pobrezas, en sus distintas dimensiones, condicionan la exclusión política y tienden a reducir la democracia a una representación formal y distante de la vida cotidiana de las personas empobrecidas. La pobreza limita la democracia porque excluye a quienes carecen de tiempo, recursos y acceso a información para participar, deliberar y hacer oír su voz en el espacio público; su intervención se reduce, con frecuencia, al simple acto de “elegir” sin posibilidad real de “ser elegido”, vaciando de sentido la participación política y abriendo espacio a la desafección democrática y a la demagogia.
En las sociedades contemporáneas, la pobreza digital puede definirse como la carencia estructural de acceso equitativo a infraestructuras tecnológicas, competencias digitales y garantías de derechos en el entorno digital, que limita de manera significativa la capacidad de las personas para participar en condiciones de igualdad en la vida social, económica y política. Esta forma de pobreza se manifiesta, en primer lugar, en la falta de conectividad a internet, lo que restringe el acceso a la educación, al trabajo, a la información y a los mecanismos de participación democrática. Sin embargo, la pobreza digital no se reduce a la brecha de acceso, sino que incluye también la ausencia de alfabetización digital crítica, que expone a amplios sectores de la población a la manipulación, el engaño, la desinformación y la imposibilidad de utilizar las tecnologías de manera reflexiva y autónoma. A ello se suma la vulneración sistemática de derechos digitales fundamentales, como la privacidad, la protección y anonimización de los datos personales o el derecho al borrado de la huella digital, cuya negación constituye una forma específica de empobrecimiento contemporáneo (Han, 2017; Banerjee & Duflo, 2020). Frente a este escenario, las alternativas de acción incluyen políticas de conectividad universal, educación digital crítica, regulación y protección de datos, así como la evaluación de sesgos algorítmicos. En un contexto de acceso desigual a la tecnología y a las capacidades necesarias para su uso, los procesos de digitalización y transición tecnológica, lejos de ser neutros, conllevan el riesgo de profundizar las desigualdades existentes; por ello, la democratización de la tecnología, el impulso a los códigos abiertos y la transparencia algorítmica se vuelven condiciones indispensables para evitar nuevas formas de empobrecimiento y garantizar un desarrollo tecnológico orientado a la dignidad humana.
La pobreza biológica puede definirse como la carencia estructural de condiciones materiales, sanitarias y psicosociales necesarias para el mantenimiento de la salud física y mental, que limita de manera directa el desarrollo humano y la capacidad de agencia de las personas. Esta forma de pobreza se expresa en enfermedad, discapacidad, depresión y otros trastornos psicológicos no atendidos, los cuales suelen derivar en manifestaciones persistentes de pobreza emocional y afectiva. A esta dimensión debe incorporarse de manera explícita la pobreza alimentaria, entendida no solo como la falta de acceso a alimentos suficientes, sino también como la exposición sistemática a dietas nocivas —marcadas por el consumo de productos ultraprocesados, exceso de carbohidratos refinados o aceites vegetales de baja calidad— que afectan directamente la salud, el desarrollo cognitivo y la capacidad de acción de las personas. En este sentido, la alimentación no puede reducirse a una variable meramente biológica, sino que constituye un recurso ético y político fundamental, atravesado por relaciones de poder, dinámicas de mercado y condiciones estructurales que condicionan la vida misma (Sen, 2000; Banerjee & Duflo, 2020). La alimentación, además, se encuentra profundamente imbricada en prácticas culturales y procesos de construcción identitaria que reflejan la relación entre las sociedades y su entorno natural. Cuando el acceso a los alimentos queda subordinado a relaciones mercantiles asimétricas o a dependencias externas, no solo se compromete la nutrición, sino que se pone en riesgo la sostenibilidad de la vida. De allí la urgencia de establecer políticas orientadas a la seguridad y soberanía alimentarias, la regulación nutricional, la educación en salud, la atención primaria integral, la salud mental comunitaria y programas que enfrenten el sedentarismo, incluso cuando ello suponga confrontar los intereses de industrias alimentarias ultraprocesadas, farmacéuticas y sistemas de salud que tienden a priorizar la acumulación de capital económico por encima del bienestar humano.
En un contexto de acceso desigual a la tecnología y a las capacidades necesarias para su uso, los procesos de digitalización y transición tecnológica, lejos de ser neutros, conllevan el riesgo de profundizar las desigualdades existentes; por ello, la democratización de la tecnología, el impulso a los códigos abiertos y la transparencia algorítmica se vuelven condiciones indispensables para evitar nuevas formas de empobrecimiento y garantizar un desarrollo tecnológico orientado a la dignidad humana.
La pobreza espiritual, destacada con particular énfasis en Dilexi te, no se identifica con la ausencia de religión, sino con la carencia de sentido, esperanza y horizonte vital. La falta de narrativas que permitan comprender el sufrimiento y proyectar la vida, más allá de la mera supervivencia, empobrece profundamente la experiencia humana. La fe, la esperanza y el sentido de la vida operan aquí como recursos existenciales indispensables para la resiliencia personal y comunitaria (León XIV, 2024). Para fortalecerlos es de vital importancia el acompañamiento familiar y comunitario, espacios de escucha, educación en sentido y proyecto de vida, diálogo interreligioso y humanista. La interculturalidad toma fuerza en este marco para evitar visiones hegemónicas que buscan imponer ciertas identidades dominantes por sobre otras, revalorizar las diversas culturas e identidades de todo tipo, abonar al respeto, la coexistencia y el diálogo de paz, que son indispensables, al tiempo que se transforma la idea de nacionalismos por otra que acoja a la humanidad como un todo único, indivisible, y diverso. Hacer prevalecer el derecho a la dignidad humana por encima del derecho a una nacionalidad.
La pobreza de tiempo puede definirse como la carencia estructural de disponibilidad temporal para el descanso, el ocio, el cuidado de sí y de los otros, y la participación social y política, producida por regímenes de hiperproductividad que subordinan el tiempo humano a la lógica del rendimiento y la acumulación. Esta forma de pobreza caracteriza a sociedades en las que la imposibilidad de acceder a un equilibrio razonable entre trabajo y vida privada genera sujetos crónicamente agotados, vulnerables y fácilmente instrumentalizables. La pobreza de tiempo no solo afecta la salud física y mental, sino que erosiona los vínculos sociales, la creatividad y la capacidad de deliberación, impactando de manera desproporcionada a quienes se encuentran en empleos precarios, informales o mal remunerados (Han, 2017). Frente a esta realidad, las alternativas de acción incluyen la regulación efectiva de las jornadas laborales, el reconocimiento del derecho a la desconexión, políticas de conciliación entre trabajo y vida personal, así como salarios dignos que permitan una vida fuera del trabajo. Superar la pobreza de tiempo exige, además, cuestionar el ideal productivista de maximización ilimitada de ganancias, establecer límites al uso de los recursos y del tiempo de las personas, y avanzar hacia una redistribución justa de la riqueza, de los medios de producción y del bienestar social.
Puede hablarse, asimismo, de la pobreza moral, entendida no como un juicio condenatorio sobre las personas, sino como un déficit estructural de disposiciones éticas socialmente incorporadas, tales como la autocontención, la responsabilidad y el cuidado del otro y de la naturaleza. Conviene aclarar que este tipo de pobreza no corresponde a una categoría explícita en la teoría de los capitales de Pierre Bourdieu, sino que se propone aquí como una extensión normativa y analítica inspirada en su noción de capital incorporado, con el fin de dar cuenta de formas contemporáneas de empobrecimiento que no se explican exclusivamente por la distribución de capitales económicos, sociales, culturales o simbólicos (Bourdieu, 2001). En sociedades dominadas por la lógica del rendimiento, la competencia permanente y el deseo sin límites, estas disposiciones éticas tienden a erosionarse, generando prácticas individuales y colectivas que deterioran tanto el tejido social como el equilibrio ambiental (Han, 2017; Boff, 2002). Desde una perspectiva humanista y universalista, enfrentar la pobreza moral exige políticas orientadas a la educación ética aplicada, la formación en pensamiento crítico y el fortalecimiento de prácticas de cuidado y corresponsabilidad. Ello implica, además, reorientar las aspiraciones individuales hacia horizontes colectivos y fraternos, en los que el bienestar sea comprendido como un fin común, así como avanzar hacia transformaciones en los modos de producción y organización del trabajo que valoren la libertad humana, reduzcan la centralidad del rendimiento y permitan la redistribución social del tiempo mediante jornadas laborales más cortas y socialmente compartidas.
La pobreza de tiempo no solo afecta la salud física y mental, sino que erosiona los vínculos sociales, la creatividad y la capacidad de deliberación, impactando de manera desproporcionada a quienes se encuentran en empleos precarios, informales o mal remunerados (Han, 2017).
A estas formas de empobrecimiento se suman la pobreza afectiva, la pobreza comunicacional y la pobreza ambiental, todas ellas estrechamente vinculadas a la erosión de los vínculos sociales y de las condiciones materiales que sostienen la vida. La pobreza afectiva puede definirse como la carencia persistente de relaciones de cuidado, reconocimiento, amor y aceptación, así como de condiciones sociales que permitan la construcción de una autoestima básica. Esta forma de pobreza no solo afecta el bienestar emocional de las personas, sino que debilita su capacidad de agencia, incrementa la vulnerabilidad frente a la exclusión y reproduce dinámicas de aislamiento y violencia simbólica, especialmente en contextos marcados por la precariedad económica y la fragmentación social (Nussbaum, 2012).
Por su parte, la pobreza comunicacional remite a la imposibilidad de acceder a espacios y condiciones de comunicación que permitan la conformación de comunidades lingüísticas capaces de deliberar, comprenderse y construir consensos. En términos habermasianos, esta pobreza limita el ejercicio de la acción comunicativa, al restringir la participación
simétrica en procesos de diálogo orientados al entendimiento y al bien común (Habermas, 1987). La exclusión comunicacional se manifiesta en la falta de acceso a información fiable, en la imposibilidad de expresar la propia voz en el espacio público y en la captura de la comunicación por lógicas de poder económico y mediático, lo que empobrece la democracia y debilita la cohesión social. Finalmente, la pobreza ambiental afecta de manera desproporcionada a poblaciones que habitan territorios expuestos a niveles de contaminación del aire, el agua o el suelo que superan los rangos aceptables para una vida digna. Esta forma de pobreza compromete directamente la salud presente y futura de las personas, reproduce desigualdades intergeneracionales y revela la estrecha relación entre degradación ambiental, modelos productivos extractivos y empobrecimiento estructural (Boff, 2015). La pobreza ambiental no es un daño colateral del desarrollo, sino una expresión de injusticia ecológica que sitúa los costos ambientales sobre los cuerpos y territorios más vulnerables.
Frente a estas formas de empobrecimiento, las alternativas de acción más consistentes incluyen políticas de cuidado comunitario y fortalecimiento de redes afectivas, educación dialógica orientada al pensamiento crítico y a la participación, justicia ambiental que garantice el derecho a un entorno sano, y una transición ecológica justa que redistribuya de manera equitativa los costos y beneficios del cambio de modelo productivo. Estas respuestas no pueden limitarse al ámbito local o nacional, sino que deben ser asumidas como desafíos éticos y políticos de alcance global, orientados a la protección de la dignidad humana y a la sostenibilidad de la vida en común. En esta misma línea, los aportes de Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer han mostrado que la lucha contra la pobreza requiere intervenciones específicas basadas en evidencia empírica, evaluadas mediante ensayos controlados aleatorizados promovidos por J-PAL. Sus investigaciones demuestran que políticas en ámbitos como la educación, la salud o el acceso al crédito funcionan de manera diferenciada según el contexto, confirmando que la pobreza es un fenómeno multifacético que no puede abordarse exclusivamente desde la macroeconomía (Banerjee & Duflo, 2020). No obstante, la evidencia empírica y los programas bien diseñados resultan insuficientes si no se acompañan de un cambio político global que asuma la erradicación de la pobreza como un imperativo normativo fundamental: vivir libre de pobreza debe ser reconocido como un derecho humano y una responsabilidad ineludible de los Estados. En este sentido, la pobreza no constituye únicamente un problema técnico, sino un problema profundamente político que exige decisiones orientadas a la redistribución, la justicia social y la garantía efectiva de la dignidad humana.
A modo de cierre, resulta imprescindible subrayar que la comprensión plural de la pobreza desarrollada en este trabajo no constituye únicamente un ejercicio analítico, sino una exigencia ética y política ineludible. En coherencia con ello, el n. 104 de Dilexi te propone una actitud ética fundamental frente a las personas en situación de pobreza: una atención amable en los momentos más difíciles, un acompañamiento cercano y, sobre todo, la transformación de las condiciones de vida con y desde ellas, reconociendo su dignidad y su capacidad de agencia (León XIV, 2024). Esta orientación converge tanto con la ética social cristiana como con la mejor evidencia científica contemporánea, que muestra que las respuestas más eficaces son aquellas que escuchan, experimentan, corrigen y respetan a las personas como sujetos de su propia historia. En este mismo horizonte normativo se inscribe el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 de las Naciones Unidas, que plantea la erradicación de la pobreza en todas sus formas como condición básica para el desarrollo humano sostenible (Naciones Unidas, 2015). Los datos disponibles son claros: sin un abordaje interseccional centrado en la pobreza, las luchas sociales pierden coherencia, sostenibilidad y justicia. Erradicar la pobreza no es, por tanto, una tarea secundaria ni sectorial, sino la condición de posibilidad de cualquier proyecto auténtico de transformación social orientado a la dignidad humana y al bien común.
Referencias
[*] Filósofo y Abogado, Docente-investigador PUCE.
[**] Economista, Docente-investigador.
Banerjee, A., & Duflo, E. (2020). Economía pobre para tiempos difíciles. Taurus.
Boff, L. (2002). El cuidado esencial. Trotta.
Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina. Anagrama.
Bourdieu, P. (2001). Las estructuras sociales de la economía. Manantial.
Habermas, J. (1987/1992). Teoría de la acción comunicativa (Vols. 1–2). Taurus.
Han, B.-C. (2017). La sociedad del cansancio. Herder.
Juan Pablo II. (1987). Sollicitudo rei socialis. Libreria Editrice Vaticana.
León XIV. (2024). Dilexi te. Libreria Editrice Vaticana.
Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Robinson, J. A., & Acemoglu, D. (2012). Por qué fracasan los países. Deusto.
Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Planeta.